«Acordar es ceder», se explayó ayer un industrial, después de hacerles la oferta personalmente a la CGT y a tres ministros: Julio De Vido (Planificación), Roberto Lavagna (Economía) y Carlos Tomada (Trabajo). Aunque en el Gobierno no hubo una respuesta formal a la convocatoria, puede intuirse, al menos por los hechos, que la inquietud por los precios golpea también en la Casa Rosada. No es poca cosa que mientras a la UIA le cuesta un esfuerzo sobrehumano lograr asistencia oficial para cada uno de sus encuentros, tres ministros hayan recibido ayer en sus despachos al presidente de la entidad, Héctor Méndez. Funcionarios del Gobierno coincidieron en que, esta vez, Lavagna no había dado ninguna señal negativa. Lo que no quiere decir, aclararon, que no existan cuestiones por discutir.
Qué proponen los empresarios
Sin embargo, queda mucho consenso por ganar, en especial con los sindicatos. Héctor Recalde, abogado de la CGT, no descartó nada, pero fue cauto: «No se habló todavía de ningún tema puntual, sino de la metodología del diálogo social», dijo a LA NACION. Hugo Moyano, secretario general, agregó a la agencia DyN: «Tratamos de elaborar, con mucha responsabilidad, algo que nos permita no tener demasiados inconvenientes para fijar el salario que le permita al trabajador vivir con dignidad».
Los industriales ensayarán un esquema similar al que Lavagna rechazó hace un año. En su momento, el ministro temió que la sola firma del acuerdo alentara entre los trabajadores expectativas salariales. Ayer, según asistentes al encuentro, el veredicto de Lavagna fue otro: ahora sí podría empezarse un diálogo.
La iniciativa tiene estos puntos:
Salarios: acordar alzas sólo para los sectores que están en blanco y que quedaron rezagados en relación con el costo de vida. Según la UIA, son muy pocos, y deberían quedar excluidos los que aún tienen dificultades. En la propuesta anterior se llamaba «cláusulas de escape» a esas excepciones.
Los aumentos deberían darse según la inflación registrada y, en una segunda etapa, actualizados por productividad. Esta última debería distribuirse en dos partes: mitad para salarios y mitad para inversiones. Los acuerdos deben actualizarse cada 180 días. «Lo ideal es recomponer salarios después de que la inflación ocurrió: si no, se genera una escalada», dijeron.
Precios: deben enmarcarse en la meta de inflación prevista por el Gobierno. Es la parte que están dispuestos a ceder.
Doble indemnización: debe reemplazarse por un «seguro privado de desempleo». Un empresario no debe despedir a un trabajador, sino suspenderlo por un año y pagarle un 60% de su sueldo durante 12 meses. Se le pedirá al Gobierno la rebaja de aportes patronales y, de ese modo, ese 60% podría subir casi hasta el nivel de salario original. Al término de un año, si el empresario decidiera despedirlo, le pagará una indemnización simple en 12 cuotas mensuales.
Riesgos de trabajo: idear un sistema para acotar ese costo.
Los empresarios saben que esos acuerdos no dieron resultados en el pasado. «Pero eran mecanismos destinados sólo a contener inflación ya existente, siempre con déficit fiscal y recesión. Ahora es distinto: hay superávit y crecimiento», objetan.
La UIA incluyó en las reuniones al presidente del Consejo Económico Social español, Jaime Montalvo Correa, que habló con los ministros y almorzó en la sede de Azopardo de la CGT, donde explicó la experiencia de los acuerdos en España. Estuvieron Moyano, José Lingieri, Juan Manuel Palacios y Gerardo Martínez, entre otros. Por la UIA, Méndez, Héctor Massuh , Juan Carlos Sacco, José Ignacio de Mendiguren y Adrián Kauffman. Después de elogiar la tira de asado, Montalvo Correa resumió a LA NACION: «La Argentina tiene uno de los movimientos sindicales más fuertes del mundo. Estos acuerdos no se logran con gremios débiles».
Por Francisco Olivera
De la Redacción de LA NACION
