Si bien no quieren arriesgar un porcentaje promedio, directivos del sector de la medicina prepaga admiten que se está analizando un incremento de cuotas que se aplicaría en los próximos meses. Y lo justifican en el aumento de los aranceles que esas entidades pagan a las clínicas y los sanatorios, en plena etapa de negociación. A su vez, los prestadores de servicios están discutiendo un acuerdo salarial con el sindicato de la sanidad.
Así lo reconoció Tomás Sánchez de Bustamante, presidente de la Asociación Civil de Actividades Médicas Integradas (Acami), una entidad que realizará el mes próximo el VIII Congreso Argentino de Salud, donde se debatirá justamente sobre los problemas de financiamiento del sector.
Los aumentos en las cuotas -cuyo estudio fue confirmado a LA NACION por otros referentes de la actividad, que lo consideraron prácticamente «inevitable»-, no se aplicarían hasta fines de año o principios de 2006. Ocurre que las empresas están obligadas a anticipar las subas (y las razones que las justifican) por carta a sus afiliados con 60 días de anticipación, como mínimo. Y, según confiaron fuentes del sector, hubo una «sugerencia» de funcionarios del Gobierno para que no se anuncien alzas masivas antes de las elecciones de octubre próximo, aunque los costos se vean afectados con anterioridad.
Ayer por la mañana, el propio jefe de Gabinete, Alberto Fernández, recibió a representantes de clínicas y de entidades que agrupan a los médicos, que le llevaron un informe sobre la problemática económica del sector y sus reclamos de diferentes medidas que, eventualmente, podrían amortiguar el efecto de un alza de los aranceles en los bolsillos de los afiliados.
Tanto desde las prepagas como desde la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados (Adecra), que preside Francisco Díaz, dijeron a LA NACION que el aumento de los montos que las prepagas abonan a sus prestadores se ubicará como mínimo en el 15 por ciento. El impacto que ese encarecimiento tendrá en las cuotas es dispar, porque depende de las subas aplicadas hasta ahora, del retraso que cada clínica considere que tienen sus precios y de la situación de cada prepaga en cuanto a si es o no propietaria de sanatorios.
Los salarios representan, según explicó Díaz, alrededor de un 60% del gasto total de una clínica. Sin embargo, los prestadores consideran que, más allá de la actual negociación con el sindicato que lidera Carlos West Ocampo (que ya cerró un acuerdo con los hospitales de colectividad, por un alza salarial de alrededor del 25%), sus ingresos están muy retrasados, y nunca lograron un equilibrio con sus erogaciones, fuertemente impactadas tras la devaluación. Desde entonces, las cuotas de las prepagas acumulan un alza del 50%.
Según Sánchez de Bustamante, que también es directivo de OSDE, el análisis de un alza en las cuotas no sólo responde a los ajustes salariales, sino también al mayor costo de medicamentos, la incorporación de nuevas tecnologías, y al crecimiento del número de consultas.
Del encuentro que mantuvieron ayer referentes del sector con Fernández participaron el ministro de Salud, Ginés González García, y el superintendente de Servicios de Salud, Rubén Torres, cuyos equipos de trabajo integrarán una comisión para elaborar propuestas, junto a los directivos del sector de las clínicas y a los médicos. El miércoles próximo, las entidades volverán a ser recibidas por el jefe de Gabinete. Pese a estas gestiones, el sector ratificó ayer el anuncio de un paro de actividades en los sanatorios, para el 15 del mes próximo.
En la reunión estuvo la directora ejecutiva del PAMI, Graciela Ocaña, en tanto que por el sector privado asistieron Díaz; el presidente de Confeclisa, Gustavo Mamoni; el titular de la Confederación de Profesionales, Raúl Magariños; el presidente de Femeca, Aldo Giusti, y el de la Confederación Médica de la República Argentina, Jorge Jáñez, quien sostuvo, en diálogo con LA NACION, que la política de aranceles con los prestadores, al menos en lo que se refiere a las obras sociales, debería surgir de una negociación general y no de gestiones particulares. Además, destacó la necesidad de analizar si el Programa Médico Obligatorio es acorde con los recursos que obtiene la salud.
Los reclamos
El documento que las entidades le presentaron a Fernández desarrolla propuestas basadas en cinco ejes:
* Un mayor presupuesto para la salud y un mayor control estatal sobre los recursos de las obras sociales.
* Una baja de la carga impositiva, con eliminación de tributos distorsivos.
* El pago de las deudas del PAMI y de obras sociales con los prestadores.
* Una recomposición de los salarios y honorarios médicos, con mecanismos de control para que los ingresos de los profesionales no sean la variable de ajuste en la actividad.
Por Silvia Stang
De la Redacción de LA NACION
